23 dic (IPS) – CIVICUS analiza la actual represión contra la sociedad civil en Bielorrusia con Natallia Satsunkevich, defensora de derechos humanos y miembro interina de la junta directiva del Centro Viasna de Derechos Humanos.
Las autoridades bielorrusas han intensificado las detenciones en un intento por sofocar cualquier oposición restante al presidente Alexander Lukashenko, que busca un séptimo mandato en las elecciones presidenciales de enero de 2025. Más de 1.200 personas han sido detenidas desde finales de septiembre, muchas de ellas por participar en chats en línea que han sido utilizados para organizar protestas desde el elecciones 2020. Las autoridades los describen como parte de una red extremista. Algunos de los detenidos han sido acusados de conspiración para tomar el poder, con una posible pena de prisión de hasta 15 años. Unos 1.300 presos políticos se encuentran actualmente recluidos en cárceles superpobladas, mientras la líder de la oposición Sviatlana Tsykhanuskaya permanece en el exilio.
¿Cómo ha cambiado el clima político en el período previo a las elecciones presidenciales?
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, las autoridades han intensificado sus acciones represión para la sociedad civil y la oposición política. Esto no es nuevo: la represión ha existido escalado desde el protestas después de las elecciones robadas de 2020, pero en los últimos meses ha dado un giro aún más oscuro.
Una de las principales herramientas del régimen es la criminalización organizaciones y medios independientes. Viasna, por ejemplo, ha sido tildado de “formación extremista”. Esto significa que cualquier persona que interactúe con nosotros, ya sea compartiendo información, dando una entrevista u ofreciendo apoyo, corre el riesgo de ser arrestado y procesado. Este nivel de represión ha creado un clima de miedo en el que la gente tiene demasiado miedo para denunciar los abusos contra los derechos humanos o participar en el activismo.
También hubo uno aumentar en arrestos, registros domiciliarios e interrogatorios. Muchas de las personas arrestadas durante las protestas de 2020 todavía están en prisión y casi a diario se realizan nuevas detenciones. La oposición política dentro del país ha sido efectivamente silenciada y la mayoría de sus líderes han sido encarcelados o obligados al exilio. Está claro que el régimen autoritario de Lukashenko está decidido a conservar el poder a toda costa.
¿Hay algún problema con el resultado?
Desafortunadamente, no. Las elecciones en Bielorrusia son tan difíciles manipulado que son más que formalidades para legitimar el gobierno de Lukashenko. Hemos estado monitoreando y haciendo campaña por elecciones libres y justas durante años, junto con grupos como Comité bielorruso de Helsinkipero por el momento estas condiciones simplemente no existen.
La oposición estaba completamente marginado. Muchos de sus líderes están en prisión o han huido del país. No se permite la presentación de candidatos alternativos y se prohíbe cualquier forma de campaña de oposición. Los medios de comunicación controlados por el Estado son completamente unilaterales y constantemente impulsan la narrativa de que Lukashenko tiene un apoyo público abrumador y silencian a cualquiera que no esté de acuerdo.
Sin transparencia ni rendición de cuentas, el resultado ya está decidido. Esta elección es sólo otra herramienta para mantener a Lukashenko en el poder el mayor tiempo posible.
¿Cuáles son los posibles escenarios postelectorales?
Después de las elecciones, es muy probable que las cosas sigan igual. Es probable que el régimen continúe con su gobierno autoritario y tenemos pocas esperanzas de un cambio inmediato.
Para que Bielorrusia avance hacia la democracia, el primer paso sería la liberación de todos los presos políticos. Casi 1.300 personasentre ellos líderes de la oposición, activistas y periodistas, se encuentran actualmente tras las rejas por cargos de motivación política. Se les debería permitir participar en el proceso político.
El gobierno también debe poner fin a su campaña de represión. Las detenciones, registros, interrogatorios y torturas generalizados han creado una atmósfera de miedo que sofoca todas las formas de disidencia. La reforma de los sistemas policial y judicial es esencial para abordar este problema.
Bielorrusia también necesita elecciones verdaderamente libres y justas. Esto significa que los candidatos de la oposición deberían poder hacer campaña abiertamente y la gente debería poder votar sin temor a represalias.
Por último, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos es vital. Los responsables de la tortura, la detención ilegal y el silenciamiento de la disidencia deben rendir cuentas. Esto es vital para restablecer la confianza y construir un futuro democrático.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar la transición democrática?
La comunidad internacional ha sido un salvavidas para el pueblo de Bielorrusia y este apoyo debe continuar. La ayuda financiera y la solidaridad de los Estados democráticos, especialmente la Unión Europea y los Estados Unidos, han permitido a muchos activistas, incluyéndome a mí y a otros que tuvimos que abandonar Bielorrusia por nuestra propia seguridad, continuar nuestro trabajo.
La condena pública de las acciones del régimen también ayuda. Incluso si no conduce a un cambio inmediato, muestra al pueblo de Bielorrusia y al gobierno que la gente está observando y recuerda a las autoridades que las acciones tienen consecuencias.
También es importante buscar la rendición de cuentas a través de mecanismos legales internacionales. Dado que no podemos responsabilizar a los perpetradores dentro de Bielorrusia, es necesario buscar justicia fuera del país. Países como Lituania y Polonia ya han comenzado a investigar los crímenes cometidos por el régimen y han remitido casos a la Corte Penal Internacional. Estos esfuerzos muestran que existe una determinación global de responsabilizar a quienes están en el poder.
La crisis en Bielorrusia debe ser reconocida como una cuestión internacional y permanecer en la agenda internacional. Las Naciones Unidas han calificado las acciones del régimen como crímenes contra la humanidaddejando claro que no se trata sólo de una cuestión interna: es una crisis internacional que requiere atención y acción internacionales.
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